La idea de una “peruanización” de la economía argentina dejó de ser solo una consigna política y empezó a funcionar como una comparación incómoda. El espejo peruano muestra una economía con mayor disciplina fiscal, inflación más baja y reglas macroeconómicas más estables, pero también con un costo social persistente.
Informalidad alta, pobreza extendida y una estructura laboral con menor protección.
El primer dato que enciende la discusión es la informalidad. En Perú, el empleo informal alcanza el 67,7%, mientras que en Argentina la informalidad laboral se ubica en torno al 43%. La diferencia es amplia, pero el punto de contacto es claro: ambos países arrastran una porción muy significativa de trabajadores fuera de la protección plena del sistema laboral. En términos concretos, eso implica menos estabilidad, menos aportes, menor acceso a derechos y una vida económica más vulnerable.
La pobreza también marca una similitud sensible. Perú registró un 29% de pobreza en 2023, mientras que Argentina llegó al 28,2% en el segundo semestre de 2025. Los números muestran que una macroeconomía más ordenada no garantiza automáticamente bienestar social. Ese es el nudo central de la comparación: se puede bajar el déficit, ordenar cuentas y estabilizar precios, pero eso no alcanza si el resultado es una sociedad donde amplios sectores siguen sin poder sostener condiciones básicas de vida.
El dato se vuelve más duro cuando se mira la pobreza extrema o indigencia. Perú tuvo 5,7% en 2023 y Argentina 6,3% en el segundo semestre de 2025. Allí aparece una advertencia política y económica: el ajuste fiscal puede convivir con niveles altos de fragilidad social. La estabilidad, por sí sola, no resuelve la desigualdad ni garantiza movilidad social si no viene acompañada por empleo formal, ingresos suficientes y un esquema de protección que amortigüe el golpe sobre los sectores más débiles.
Los dos puntos que sostienen la comparación desde una mirada más objetiva son el orden fiscal y la desinflación. Perú exhibe una deuda pública cercana al 31,8% del PBI, mientras que Argentina cerró 2025 con superávit primario de 1,4% del PBI y superávit financiero de 0,2%. A la vez, Perú muestra una inflación de 12 meses del 4% en abril de 2026, contra una inflación argentina de 31,5% en 2025. En ambos casos, el objetivo es parecido: usar el equilibrio fiscal como ancla y la baja de la inflación como prioridad central.
La pregunta de fondo no es si Argentina necesita orden macroeconómico. Lo necesita. La discusión real es qué tipo de país queda después de ese ordenamiento. El caso peruano muestra que la estabilidad puede ser una condición necesaria, pero no suficiente. Si el camino hacia una economía más previsible deriva en más precariedad, bajos ingresos y menor protección social, la “peruanización” deja de ser una meta de estabilidad y pasa a ser una advertencia sobre el costo social del modelo.